El planeta cuenta con más de mil doscientos millones de niños menores de diez años y mil adolescentes con edades entre los diez y los dieciocho años. En total constituyen casi la tercera parte de la población mundial.
La relación entre las empresas y los niños es inevitable. Con frecuencia esta relación es contraria a los derechos e intereses de los propios niños. La siguiente infografía nos muestra hasta que punto es dramática la situación de la infancia.
El decálogo de principios propuesto por Naciones Unidas es una llamada de atención a los directivos de todo el mundo. Tendemos a asociar la explotación infantil con el tercer mundo, aunque la realidad es que un problema global. De hecho, un buen número importante de empresas occidentales vulneran los derechos de los niños a través de sus proveedores y de filiales ubicadas en el extranjero.
En otras ocasiones la vulneración de los derechos de los niños toma formas más sutiles, manifestándose en campañas publicitarias nocivas para los menores o en la comercialización de productos que pueden causarles daño.
Naciones Unidas propone a todas las empresas del mundo que se comprometan a:
- Cumplir su responsabilidad para respetar los derechos del menor y comprometerse para respaldar los derechos humanos del menor.
- Contribuir a la erradicación del trabajo infantil, en todas las actividades empresariales y relaciones comerciales
- Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores
- Asegurar la protección y seguridad de los menores en todas las actividades empresariales e instalaciones.
- Garantizar que los productos y servicios son seguros y que a través de ellos se apoyan los derechos del menor
- Utilizar márquetin y publicidad que respete y apoye los derechos del menor
- Respetar y respaldar los derechos del menor en relación con el medioambiente y la adquisición y uso de tierras.
- Respetar y respaldar los derechos del menor en los convenios de seguridad.
- Ayudar a proteger a los menores afectados por situaciones de emergencia.
- Reforzar el esfuerzo de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los derechos del menor.
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